España está a punto de presentar la nueva normativa que exigirá mayor fiabilidad y seguridad en los puntos de recarga para uso comercial, después de tres años de deliberaciones con fabricantes, posventa y usuarios para garantizar una correcta medición de consumos al recargar vehículos eléctricos.
El Ministerio de Industria y Turismo comenzará a tramitar en las próximas semanas un borrador legislativo con nuevos requisitos para actualizar los puntos de recarga, o incluso sustituirlos directamente por equipos nuevos si es preciso, que respondería a dicha necesidad de verificar la cantidad exacta de energía suministrada.
Sin embargo, la presentación de este borrador, programada para finales de enero o principios de febrero, plantea preguntas sobre si es una respuesta apresurada para adelantarse a la propuesta de la Comisión Europea, que se espera entre marzo y abril de este mismo año 2024.
En la actualidad, solamente Alemania tiene una legislación en vigor similar a la que se pretende aprobar en nuestro país.
Aunque casi todos los puntos de recarga ya cuentan con contadores internos, la nueva normativa debería asegurar una armonización completa, considerando las distintas tecnologías de carga en corriente continua y alterna.
Además, la propuesta española y la europea contemplarán no solo contadores internos, sino también se requerirán controles metrológicos a las instalaciones comerciales de recarga de vehículos, de manera similar a las verificaciones periódicas que se realizan a los surtidores de carburantes en estaciones de servicio.
La nueva legislación sobre recarga de vehículos eléctricos mediante venta a terceros establecerá una nueva clase de instrumento de medida (MID) sujeto a control metrológico del Estado, por tanto, los puntos de recarga destinados a uso comercial también deberán disponer de marcado CE emitido por sus fabricantes.
Se anticipa que su entrada en vigor pueda ser escalonada, afectando particularmente a equipos de recarga de primera generación que se encuentran instalados con contadores eléctricos homologados para uso industrial. Sin embargo, muchos de estos cargadores ya están obsoletos, además de quedar eventualmente desautorizados por la nueva normativa para realizar transacciones comerciales.
En consecuencia, muy probablemente serán reemplazados por sistemas modernos y más potentes, capaces de suministrar recargas mucho más rápidas y fiables.
No obstante, la realidad diaria del vehículo eléctrico también debe tenerse en cuenta. El hecho de que el 26% de los puntos de recarga en España no estaban operativos en septiembre de 2023, además del objetivo no cumplido de nuevos puntos de recarga públicos, también deberían ser abordados por la futura reglamentación.
En resumen, España se encuentra en un momento clave para avanzar en la regulación de puntos de recarga. Al encontrar el equilibrio adecuado entre la certificación de origen de la energía, la armonización de tecnologías y la mejora operativa, el país puede establecer un marco sólido que beneficie a todos los actores en el ecosistema de vehículos eléctricos.
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